Si Ud. camina por los barrios de cualquier ciudad del país verá ese
‘iceberg’: son los miles de tragamonedas que están instalados en el comercio.
Incluso en su caminata podrá encontrar salas de dedicación exclusiva a los
tragamonedas; se sorprenderá al ver verdaderos casinos de juegos con decenas de
máquinas tragamonedas.
Todo empezó con los ‘flippers’ (lo que en inglés llaman ‘pinball machines’), esas máquinas en que se competía por alcanzar una alta puntuación, evitando que una bola de acero se escurriera entre dos aletas en la parte baja de la máquina. Para hacerlo había que tener destreza. Pues bien, de los ‘flippers’ se pasó a los tragamonedas. Ahí el tema cambió -ya no se trata de tener una destreza, sino que de tener suerte-, entra a jugar el azar. En los tragamonedas que se encuentran en el comercio, uno ve imitaciones baratas de las máquinas de juegos de los casinos. Por $ 100 Ud. juega.
Los ‘flippers’ y otras máquinas de destreza son legales. Los tragamonedas son ilegales -no están permitidos- y, por lo mismo, al estar fuera de la ley y camuflarse como máquinas de destreza, no pagan impuestos y no son controladas (con lo que hay amplio espacio para la estafa y el engaño). De hecho, en la detención reciente de una banda de narcotraficantes, la policía comento que los ‘narcos’ en cuestión lavaban el dinero recaudado en la droga con negocios de tragamonedas. Así es que no sólo es una actividad ilegal, sino que además, hay alguna evidencia que se complementa con otros flagelos.
Por razones profesionales tuve la oportunidad de ver un estudio nacional sobre el negocio de los tragamonedas. Las cifras son increíbles. En ese estudio se estimó que la venta anual de los tragamonedas en todo el país alcanzará este año a los $ 134 mil millones. Sí, leyó bien, algo así como US$ 300 millones. Además, el negocio crece a un ritmo arrollador: en los últimos cinco años se estima que creció en 76%. En un momento en que se busca nuevas fuentes de ingresos para financiar la reforma educacional y otras necesidades sociales, aquí hay una actividad, ilegal por ahora, que si fuera regulada podría representar una interesante alternativa de financiamiento en la reforma tributaria.
Pero, desgraciadamente el tema no termina ahí. En el mismo estudio se encontró que el porcentaje de la población urbana, mayor de 18 años, que juega en tragamonedas subió en los últimos cinco años, de un 29% a un 35%. De hecho, el perfil de los jugadores es descrito en el estudio en los siguientes términos: “Los jugadores de tragamonedas aumentan significativamente a medida que disminuye el nivel socioeconómico. Por género, son más mujeres que hombres. Encontrar estudiantes, dueñas de casa o personas sin trabajo es muy frecuente”. Como le escuché decir a una periodista de un canal de TV en un reportaje sobre los tragamonedas: “son el casino de los pobres”. Lo tremendo es que al ser un negocio no controlado, fuera de toda supervisión, a diferencia de los casinos legales, el engaño es fácil y si este ocurre, se esquilma a los más desposeídos.
No me sorprendería, además, que dada la facilidad de acceso a los tragamonedas por su amplia distribución y la falta de control asociado a estos juegos, se den casos de ludopatía (la adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar) en la población más vulnerable.
Así es que en este tema, el país está en el peor de todos los mundos. Pareciera, por lo tanto, que es necesario que se establezca un cuerpo legal que regule el negocio, dándole atribuciones a la Superintendencia de Casinos, por ejemplo, de supervigilar el negocio.
Todo empezó con los ‘flippers’ (lo que en inglés llaman ‘pinball machines’), esas máquinas en que se competía por alcanzar una alta puntuación, evitando que una bola de acero se escurriera entre dos aletas en la parte baja de la máquina. Para hacerlo había que tener destreza. Pues bien, de los ‘flippers’ se pasó a los tragamonedas. Ahí el tema cambió -ya no se trata de tener una destreza, sino que de tener suerte-, entra a jugar el azar. En los tragamonedas que se encuentran en el comercio, uno ve imitaciones baratas de las máquinas de juegos de los casinos. Por $ 100 Ud. juega.
Los ‘flippers’ y otras máquinas de destreza son legales. Los tragamonedas son ilegales -no están permitidos- y, por lo mismo, al estar fuera de la ley y camuflarse como máquinas de destreza, no pagan impuestos y no son controladas (con lo que hay amplio espacio para la estafa y el engaño). De hecho, en la detención reciente de una banda de narcotraficantes, la policía comento que los ‘narcos’ en cuestión lavaban el dinero recaudado en la droga con negocios de tragamonedas. Así es que no sólo es una actividad ilegal, sino que además, hay alguna evidencia que se complementa con otros flagelos.
Por razones profesionales tuve la oportunidad de ver un estudio nacional sobre el negocio de los tragamonedas. Las cifras son increíbles. En ese estudio se estimó que la venta anual de los tragamonedas en todo el país alcanzará este año a los $ 134 mil millones. Sí, leyó bien, algo así como US$ 300 millones. Además, el negocio crece a un ritmo arrollador: en los últimos cinco años se estima que creció en 76%. En un momento en que se busca nuevas fuentes de ingresos para financiar la reforma educacional y otras necesidades sociales, aquí hay una actividad, ilegal por ahora, que si fuera regulada podría representar una interesante alternativa de financiamiento en la reforma tributaria.
Pero, desgraciadamente el tema no termina ahí. En el mismo estudio se encontró que el porcentaje de la población urbana, mayor de 18 años, que juega en tragamonedas subió en los últimos cinco años, de un 29% a un 35%. De hecho, el perfil de los jugadores es descrito en el estudio en los siguientes términos: “Los jugadores de tragamonedas aumentan significativamente a medida que disminuye el nivel socioeconómico. Por género, son más mujeres que hombres. Encontrar estudiantes, dueñas de casa o personas sin trabajo es muy frecuente”. Como le escuché decir a una periodista de un canal de TV en un reportaje sobre los tragamonedas: “son el casino de los pobres”. Lo tremendo es que al ser un negocio no controlado, fuera de toda supervisión, a diferencia de los casinos legales, el engaño es fácil y si este ocurre, se esquilma a los más desposeídos.
No me sorprendería, además, que dada la facilidad de acceso a los tragamonedas por su amplia distribución y la falta de control asociado a estos juegos, se den casos de ludopatía (la adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar) en la población más vulnerable.
Así es que en este tema, el país está en el peor de todos los mundos. Pareciera, por lo tanto, que es necesario que se establezca un cuerpo legal que regule el negocio, dándole atribuciones a la Superintendencia de Casinos, por ejemplo, de supervigilar el negocio.
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