Siguiendo con la serie de artículos de análisis al Sistema Tributario actual, a continuación, les entrego la opinión de Hernán Büchi ex Ministro de Hacienda, que nos comenta acerca de los impuestos y de la forma de fiscalización, a ratos abusiva, por parte del estado y que tiene ,principalmente, a las Pymes asumiendo un costo económico difícil de soportar.
Los aumentos de tasas de impuestos por vía legal o por mera interpretación administrativa han sido sello de los gobiernos de la Concertación, y el del Presidente Lagos se caracterizó por acelerar ese proceso. La autoridad política se ocupa de presentar sus decisiones de modo que la población no perciba las alzas o crea que sólo afectarán a otros. Si revisamos algunos casos de la larga lista de años recientes, vemos el alza del IVA: fue poco notoria para el consumidor final, las normas se diseñaron para no diferenciar el impuesto en el precio a público. ¿Qué pasa con el aumento de tasa de impuesto a la renta en las empresas? Aunque sus consecuencias en empleo e inversión afectan a todos, sólo preocupa a quienes administran empresas y sus accionistas, más activos. La discusión sobre tributación minera, sin epílogo aún, parece que sólo afectara a unos pocos empresarios extranjeros. Lo cierto es que la minería explica gran parte de nuestro desarrollo y que si terminamos cercenando parte de su potencial, el precio lo pagarán los más pobres, lo cual no se vislumbra en la discusión pública. El fuerte impulso para reinterpretar las normas tributarias haciendo aparecer a los empresarios como delincuentes sólo por acomodar su accionar a normas complejas, tomó renovados bríos. Poco importa que los sistemas tributarios son intrincados y están llenos de situaciones injustas para el contribuyente, como bien lo sabe quien tiene que pagar un IVA que no ha podido cobrar. De nuevo, los directamente impactados por este impulso son los responsables de la administración de las empresas, contadores, gerentes o empresarios que deben dedicar mucho de su esfuerzo a defenderse de funcionarios públicos y a responder sus requerimientos en vez de producir. El costo económico de esta actitud es enorme, lo pagamos todos, pero se oculta y presenta como un beneficio por atacar a supuestos delincuentes; curiosamente nadie pensó que poner funcionarios públicos como comisionistas, en vez de buscar remunerarlos adecuadamente, nos retrotraería a la época de los romanos cuando en nombre del emperador -y con las armas- se salía a cobrar impuestos por un porcentaje de lo obtenido. Al menos debió considerarse dar facilidades al contribuyente para que se castigue a servidores públicos, en especial a aquellos con autoridad, que por exceso de celo funcionario o en su afán monetario, ahora difícil de discernir, van más allá de la ley y abusan de sus atribuciones. Las patentes comerciales se subieron aumentando los topes, transformándolas en un impuesto más. Pero en esta revisión resumida no podía faltar una mención a las retasaciones de bienes raíces. La de los bienes agrícolas pasó inadvertida. El turno hoy son los bienes raíces no agrícolas, y a pesar de los enormes esfuerzos de las autoridades, incluido el ministro, para tratar de decir que afecta sólo a unos pocos, implícitamente abusadores por no haber estado pagando lo que debían, las cartas recibidas por todos no son claras. No tienen la información básica, como metros de terreno y construcción, su valor, el impuesto actual, el de transición y el definitivo. Las razones de no ser más precisos pueden ser muchas; entre ellas, dejar la impresión de que la carga les toca a otros y ocultar en lo posible el impacto real. Probablemente en el Chile actual éste será un episodio más en el inexorable camino de mayores cargas, presentadas para que el ciudadano no las note, aunque eso haga la tributación más dañina. En esta ocasión, las personas afectadas directamente son más de lo normal, por eso estimé pertinente hacer este recuento y terminarlo con algunas reflexiones que espero en el futuro encuentren terreno fértil.
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